El fracaso del último decreto del Ejecutivo ha dejado en una situación de incertidumbre a casi dos millones de familias que dependen del bono social eléctrico para poder pagar la luz. La caída del llamado decreto ómnibus en el Congreso no solo frena reformas políticas: pone en riesgo uno de los principales escudos económicos para los hogares más vulnerables.
La medida incluía la prórroga automática de los descuentos en la factura eléctrica, clave para pensionistas, familias con bajos ingresos y personas en riesgo de exclusión. Al no salir adelante, el futuro inmediato del bono queda en el aire.
Qué ha pasado exactamente en el Congreso
El Real Decreto-ley 16/2025 fue rechazado por una mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts, evidenciando la fragilidad legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque el texto incluía múltiples medidas —desde pensiones hasta vivienda—, la parte energética era una de las más sensibles.
Sin decreto aprobado, no hay prórroga automática del bono social, lo que abre un escenario de inseguridad jurídica para millones de consumidores.
Cuánto dinero se jugaban los hogares vulnerables
El decreto contemplaba mantener en 2026 los descuentos actuales:
- 42,5 % para consumidores vulnerables
- 57,5 % para consumidores vulnerables severos
Estas rebajas se aplican exclusivamente a quienes tienen contratada la tarifa regulada (PVPC) y una potencia inferior a 10 kW. Hablamos de pensionistas con ingresos mínimos, familias numerosas, hogares con personas desempleadas, víctimas de violencia de género o perceptores del Ingreso Mínimo Vital.
Para muchos, no es un extra: es la diferencia entre pagar la luz o acumular deudas.
El bono social cada vez protege a más gente
Según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2026 habrá una media de 1,83 millones de hogares dependiendo del bono social eléctrico.
El crecimiento es constante:
- 2023: 1,59 millones
- 2024: 1,64 millones
- 2025: 1,72 millones
De ellos, casi un millón se consideran vulnerables severos, es decir, con una dependencia crítica del descuento para mantener el suministro.
Un coste millonario que acaba pagando todo el sistema
El bono social no se financia con impuestos directos, sino a través de las empresas del sector eléctrico, desde productoras hasta comercializadoras. Sin embargo, el coste termina repercutiendo en el conjunto de los consumidores vía cargos en la factura.
Para 2026, la CNMC estima un coste de 517 millones de euros, más del doble que en 2025. Un dato que explica por qué el debate político no es solo social, sino también económico.
El riesgo oculto: cortes de suministro
Otro efecto colateral del bloqueo es la incertidumbre sobre la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables. Agua, luz y gas estaban protegidos por las medidas anticrisis heredadas de la pandemia y la guerra de Ucrania.
Sin decreto, estas garantías también quedan en pausa, aumentando la presión sobre familias ya al límite.
Tensiones políticas y advertencias al Ejecutivo
El rechazo ha generado fricciones incluso entre socios habituales del Gobierno. Desde el PNV, su portavoz Maribel Vaquero denunció el “trilerismo político” y advirtió que no se pueden seguir presentando paquetes cerrados sin negociación previa.
Por su parte, Junts ha defendido su voto alegando desacuerdos con las medidas de vivienda incluidas en el texto, aunque reconoce estar a favor de revalorizar pensiones si se votan por separado.
Qué puede pasar ahora con el bono social
A corto plazo, el Gobierno solo tiene dos opciones:
- Negociar un nuevo decreto centrado en energía
- Llevar medidas fragmentadas al Congreso para asegurar apoyos
Mientras tanto, casi dos millones de hogares siguen pendientes de una decisión política que afecta directamente a su economía doméstica.
En un contexto de precios elevados y salarios ajustados, el bono social no es una ayuda más: es un salvavidas financiero. Y ahora mismo, ese salvavidas está flotando sin cuerda.
