a jornada de 35 horas da el primer paso: así afectará a más de 240.000 empleados públicos en 2026
La reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales empieza a dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad administrativa. El Gobierno ha comunicado a los sindicatos el inicio formal del procedimiento para implantarla en la Administración General del Estado, un cambio que impactará directamente en casi un cuarto de millón de empleados públicos.
Si los plazos se cumplen, la nueva jornada podría estar en vigor antes de la primavera, marcando un hito en la organización del trabajo público tras años de negociación sindical.
Qué ha aprobado el Gobierno exactamente
El Ejecutivo ha activado el proceso interno para modificar las normas de jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado, en cumplimiento del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI.
La iniciativa parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y supone el primer paso técnico necesario para que la reducción horaria tenga validez legal y operativa.
Cuántos trabajadores se beneficiarán
La medida afectará a 246.418 empleados públicos, según las cifras trasladadas a los sindicatos. Se trata de personal de ministerios, organismos estatales y servicios administrativos dependientes del Estado.
Los sindicatos reclaman, además, que esta reducción se extienda también a instituciones penitenciarias, donde las condiciones laborales siguen siendo más exigentes.
El calendario: febrero y marzo, meses clave
Según la Unión General de Trabajadores, la implantación real podría llegar a finales de febrero o durante el mes de marzo.
El calendario previsto es el siguiente:
- 10 y 11 de febrero: reuniones de la Comisión Superior de Personal y la Comisión Permanente
- Posteriormente: traslado de la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado
- Negociación final con los sindicatos y aprobación definitiva
Si no hay bloqueos, el cambio podría aplicarse sin esperar a los Presupuestos Generales de 2026.
Los sindicatos celebran… pero piden más
Tanto UGT como Comisiones Obreras han valorado el anuncio como un avance largamente esperado. Eso sí, recuerdan que el acuerdo firmado iba más allá de las 35 horas.
Entre sus principales reivindicaciones pendientes destacan:
- Recuperar la jubilación parcial anticipada del personal laboral
- Mejorar los procesos de promoción interna
- Regular de forma estable el teletrabajo
Desde CSIF, aunque celebran el paso, recuerdan que llega con más de tres años de retraso y que es solo el inicio del camino.
El papel del ministro de Función Pública
El ministro Óscar López ya había avanzado días atrás que la reducción se aplicaría “tan pronto como sea posible”. Los sindicatos presionaron para evitar que la medida quedara bloqueada a la espera de nuevos presupuestos.
El anuncio actual confirma que el Ejecutivo ha optado por acelerar el proceso, consciente del desgaste político y laboral que supondría un nuevo retraso.
Qué cambia realmente para el trabajador
Más allá del titular, la reducción a 35 horas implica:
- Menos carga semanal sin recorte salarial
- Reorganización de turnos y horarios
- Posible impacto positivo en conciliación y productividad
Para muchos empleados públicos, supone recuperar derechos perdidos tras la crisis y alinearse con jornadas ya existentes en algunas comunidades autónomas.
Un precedente con efecto arrastre
Si la implantación se materializa en la AGE, el movimiento puede servir de referencia para futuras negociaciones en otras administraciones y, a medio plazo, reavivar el debate sobre la reducción de jornada en el sector privado.
La jornada de 35 horas vuelve al centro del tablero laboral. Esta vez, con fechas, números y un procedimiento ya en marcha.
